La presencia del cantante vallenato Nelson Velásquez en una cárcel de Itagüí provocó una tormenta política y judicial en Colombia. El artista ofreció una presentación privada el 1 de abril dentro del penal La Paz, un hecho que el propio Inpec confirmó y que no contaba con autorización oficial de sus directivas ni del Gobierno.
La denuncia pública llegó desde la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, quien aseguró que al evento habrían asistido cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá vinculados al proceso de paz urbana. Las imágenes y videos difundidos muestran al cantante interpretando su repertorio dentro del centro penitenciario, lo que encendió el debate sobre privilegios en cárceles de alta seguridad.
El Inpec reaccionó con medidas inmediatas. Ordenó el relevo del director encargado del establecimiento, el traslado del comandante de vigilancia y la apertura de investigaciones disciplinarias contra varios funcionarios. También envió equipos especiales para intervenir el pabellón donde se realizó la fiesta y revisar posibles irregularidades adicionales.
De acuerdo con reportes de prensa, la celebración habría sido organizada por internos catalogados como voceros de estructuras criminales. Versiones recogidas por periodistas señalan que el evento incluyó lujos poco habituales en un penal, como licor costoso y comida especial, además de restricciones para evitar registros audiovisuales.
El caso coloca a Velásquez en el centro de una controversia que trasciende lo musical. Su equipo de trabajo sostuvo que el artista “se presenta donde es contratado” y que no mantiene relación con quienes habrían organizado el evento. Hasta ahora, el cantante no ha emitido una declaración directa y extensa sobre lo ocurrido.
La polémica se intensifica por los antecedentes judiciales del intérprete, quien en 2025 recibió una condena de cuatro años de prisión por violación a derechos de autor. A pesar de ese fallo, su agenda artística ha continuado activa en distintos escenarios del país.
Aún quedan preguntas clave sin respuesta. No se ha establecido quién contrató formalmente a Velásquez, cuánto se pagó por el show ni si el artista conocía el contexto específico del evento. Tampoco se han definido responsabilidades individuales dentro del sistema penitenciario.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso abre un nuevo frente de discusión sobre los riesgos reputacionales en la industria musical cuando las contrataciones ocurren en entornos sensibles. En esta ocasión, el nombre de Nelson Velásquez quedó ligado a uno de los episodios más cuestionados recientes dentro del sistema carcelario colombiano.
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