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Virginia Huynh, expareja del rapero, denunció ante el juez que fue presionada por los fiscales para declararse víctima, pese a afirmar que su relación con el artista fue voluntaria.

El caso judicial contra Sean Combs, conocido como Puff Daddy, sigue generando controversia a pocos días de que se conozca su sentencia definitiva. El tres de octubre, un tribunal federal dictará la pena contra el rapero, declarado culpable en julio de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, delitos que podrían llevarlo a pasar hasta 20 años en prisión.

La polémica creció tras conocerse la carta presentada por Virginia Huynh —una de las exparejas del artista— ante el juez federal Arun Subramanian. En el documento, la mujer aseguró que fue “presionada” por la fiscalía para identificarse como víctima de Combs, algo que nunca aceptó.

“Les dije que no era una víctima, pero insistieron en que sí”, escribió Huynh, quien relató que durante las reuniones con los fiscales se sintió forzada a asumir un rol que no correspondía a su experiencia. Según explicó, la fiscalía la habría incluido entre las mujeres que, presuntamente, fueron víctimas de tráfico sexual y prostitución forzada.

La mujer, también conocida como Gina, afirmó haber entregado a los investigadores fotografías, videos y mensajes de texto relacionados con su vínculo con el rapero, pero aclaró que nunca se consideró una víctima. “Me hicieron sentir que debía decir algo que no era verdad”, señaló en la misiva.

Puff Daddy fue hallado culpable de dos de los cargos menores del proceso —transporte para ejercer la prostitución— y absuelto de los más graves, entre ellos tráfico sexual y crimen organizado, que podrían haberle significado cadena perpetua.

Huynh, de 33 años, aseguró además que estaba lista para declarar durante el juicio, pero su abogado le comunicó que finalmente no sería llamada como testigo.

El rapero, quien enfrenta más de 120 denuncias por distintos casos de abuso, violencia y tráfico sexual, conocerá su sentencia el próximo tres de octubre. De ser condenado con la pena máxima, podría recibir hasta 20 años de prisión.