El recital gratuito que el artista urbano Milo J tenía previsto realizar el pasado 12 de febrero en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex-ESMA), en la Ciudad de Buenos Aires, fue cancelado por orden judicial tras un pedido del Gobierno de Javier Milei, lo que desató una fuerte controversia política y social. Organismos de derechos humanos, artistas y sectores de la oposición denunciaron censura y cuestionaron el accionar del Ejecutivo libertario, al que acusan de promover una política de negacionismo sobre los crímenes de la última dictadura militar.
El evento, que contaba con entradas agotadas para unas 20.000 personas, se iba a llevar a cabo en la Plaza de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, ubicada dentro del predio de la ex-ESMA, declarado Sitio de Memoria por la UNESCO en 2004. Sin embargo, en la tarde del mismo lunes, la jueza federal María Alejandra Biotti hizo lugar a un amparo presentado por el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, y la Secretaría de Derechos Humanos, dirigida por Alberto Baños, argumentando que el recital no contaba con las medidas de seguridad necesarias ni con la autorización formal del Poder Ejecutivo Nacional.
La suspensión provocó indignación entre los seguidores del artista, muchos de los cuales se habían congregado desde días previos en las inmediaciones del predio, pese a las inclemencias climáticas. En el lugar se desplegó un fuerte operativo policial, con agentes antidisturbios y camiones hidrantes, que bloqueó el acceso y generó tensión con el público.
Milo J, cuyo nombre real es Camilo Joaquín Villarruel, de 18 años y oriundo de Morón, expresó su frustración a través de una transmisión en vivo por Instagram: «Juntar 20.000 personas en un lugar de memoria al Gobierno no le gusta», afirmó, responsabilizando directamente a la gestión de Milei por la cancelación. Además, denunció que se habían presentado pruebas falsas sobre supuestas fallas de seguridad y evacuación: «Dijeron que no había salidas de emergencia, pero sí están. Inventaron todo».
La madre del cantante, Aldana Ríos, quien además es su representante, acompañada por referentes de derechos humanos, ofreció una conferencia de prensa en la que advirtió: «Ojo, porque esto ya pasó». La frase resonó como una referencia a las prácticas represivas del pasado y fue interpretada como una advertencia sobre el riesgo de retrocesos en materia de memoria, verdad y justicia.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos, Alberto Baños sostuvo que el cuestionamiento no se dirigía al artista sino a la presunta ilegalidad del evento, por no haber cumplido con los trámites administrativos correspondientes. En el escrito judicial, el Gobierno se refirió al lugar como «Patio de Armas», denominación utilizada durante la dictadura militar, lo que fue interpretado por sectores de la memoria como un acto simbólicamente revictimizante.
La oposición, encabezada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, calificó el hecho como un ataque a la libertad de expresión: «Hoy pasó algo muy grave. El gobierno de Milei censuró un espectáculo musical en la ex-ESMA. Enviaron fuerzas policiales para atemorizar a jóvenes que solo querían escuchar música», expresó en redes sociales.
La agrupación H.I.J.O.S., junto con otros organismos, convocó a una manifestación en repudio a la medida y denunció que el accionar del Gobierno se inscribe en una política más amplia de desmantelamiento de las políticas de memoria. En las últimas semanas, la gestión libertaria recortó recursos al Archivo Nacional de la Memoria y dispuso el cierre de otros espacios como el ex-centro clandestino de detención Virrey Cevallos.
En paralelo, el lanzamiento del álbum «166 (DELUXE) retirada» de Milo J, que estaba previsto presentarse en el recital, cobró mayor notoriedad en plataformas digitales tras el conflicto. Su video «Buen Día Portación de Rostro» superó las 120.000 reproducciones en pocas horas, mientras el mensaje de denuncia del artista alcanzó 168.000 interacciones en Instagram.
El episodio evidencia la creciente tensión entre el Gobierno de Javier Milei y sectores vinculados a los derechos humanos, al tiempo que reaviva el debate sobre los límites entre la seguridad, la burocracia estatal y la libertad de expresión en Argentina.
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